Santo Domingo Oeste.- El viernes 18 de diciembre será conocida la apelación sometida por el equipo legal de Nancy García De Blanck, contra las medidas de coerción, consideradas insuficientes, impuestas contra su esposo, el empresario ronero Pedro Ramón López Oliver.
López Oliver es propietario y director general de Oliver & Oliver, una empresa ronera de ascendencia cubana que está instaladaen la zona industrial de Hato Nuevo, en este muncipio, especializada en la elaboración de ron artesanal, siendo su marca más reconocida, ron Punta Cana Club.
López Oliver fue sometido a la justicia bajo el cargo de violencia de género contra quien ha sido su cónyuge por 14 años.
El demandado ha incurrido sostenidamente en conductas amenazantes contra García De Blanck y sus familiares, según denuncia la defensa de su pareja, buscando entorpecer el derecho que esta tiene a divorciarse de quien atenta contra su integridad.
Tras varios meses de ser víctima de acoso, amenazas y un supuesto intento de falsificación de documentos para perjudicar a su esposa, además de apelar a influencias en el aparato político para motivar el favor de la justicia, el pasado 30 de octubre la magistrada fiscal Evayerini del Rosario, de la Unidad de Violencia de Género, ordenó la detención de López Oliver: el corte abrupto del suministro de energía de la vivienda donde se refugia García De Blanck, espacio que, desde fechas anteriores, venía siendo merodeado por personas del entorno del aún esposo con el objetivo de intimidarla.
Luego de celebrarse una audiencia, el 11 de noviembre, para conocerse medidas de coerción contra López Oliver, le fue impuesta una medida económica que el equipo legal de García De Blanck apeló de forma inmediata. La vista de la apelación tendrá lugar el viernes 18 de diciembre.
Desde el 6 de septiembre de 2019, la pareja afronta un proceso legal de divorcio, luego de la demanda interpuesta por la víctima. “Los actos del señor López Oliver certifican su intención de ejercer poder y continuar incidentado el proceso para que la juez no dicte una sentencia que admita el divorcio”, explicaron Fabiola Medina, Rosalina Trueba y Francisco Álvarez Martínez, representantes legales de García de Blanck.
Una de las incidencias viene motivada por una inhibición a la que se vio obligada la magistrada Scarlet Vargas Rossi, quien estuvo al frente de este proceso de divorcio, dado a que ella declaró, según los abogados defensores, haber sido objeto de un intento de soborno por parte de los abogados de López Oliver.
Esto, además, motivó a la magistrada a presentar una denuncia contra los representantes del empresario ante la Inspectoría del Consejo del Poder Judicial el 12 de marzo del año en curso.
Otras de las presuntas irregularidades que López Oliver ha ejecutado para desentenderse de sus obligaciones es el sometimiento de una solicitud de Nulidad de Contrato de su matrimonio, el cual fue consolidado ante la Oficialía del Estado Civil hace casi 14 años.
Esto acompañado de numerosos episodios de violencia psicológica contra la señora García De Blanck, con humillaciones y amenazas por parte del agresor, privándola de su libertad y violando su derecho patrimonial.
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